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Colombia tiene su segundo Informe de Justicia Cómo Vamos 

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En días pasados la Red Colombiana de Ciudades Cómo Vamos (RCCV), en alianza con Fundación Corona, Corporación Excelencia en la Justicia y Fundación Bolívar Davivienda, pusieron a disposición del país los resultados del segundo Informe de Justica Cómo Vamos (JCV), que amplía y fortalece el entendimiento sobre cómo funciona y cuál es la oferta del sistema de justicia, así como la percepción que tienen los ciudadanos acerca de los diversos actores que lo componen. 

Este informe se convierte en una herramienta de apoyo para que desde la sociedad civil se aporte al Estado de derecho con la elaboración de políticas públicas y planes de acción en términos de acceso, calidad, eficiencia y equidad del sistema. 

En Colombia, la separación de poderes identifica a la Rama Judicial como la encargada de aplicar justicia para la protección de derechos, garantizar el cumplimiento de las obligaciones y sancionarlas cuando sea necesario.   

 
La Constitución Política, en su artículo 228, señala que la administración de justicia es función pública.

Cartagena Cómo Vamos (CCV), entendiendo que este es un componente importante en la calidad de vida que salvaguarda la protección de los derechos de propiedad, la resolución de conflictos y la promoción de equidad e igualdad de oportunidades en los territorios, preparó un análisis sobre cómo le fue a La Heroica, de acuerdo con los resultados del informe de JCV. 

Para la capital de Bolívar se tienen estadísticas importantes sobre la demanda de justicia que son consolidadas por la Rama Judicial. Durante el 2023, en La Heroica estuvieron activos 70.432 procesos judiciales, que son un 4% más que en 2022. 

Del total, el 74% son procesos orales, es decir, que se desarrollan de manera verbal en todas sus etapas, mientras que un 21% son escritos. Los restantes tienen que ver con tutelas y otras acciones constitucionales. 

Los procesos orales se caracterizan por ser más ágiles, desarrollados en audiencias públicas y exigen la presencialidad. Los escritos, por su parte, son más lentos, más formales, pueden desarrollarse en audiencias privadas y requieren documentación. 

 
Antes de 2017, los procesos activos en la ciudad en su mayoría eran escritos, lo que representa un cambio importante en la distribución de la administración judicial.

Para 2023, gran parte de los procesos estaban relacionados con delitos, los 5 con mayor demanda de justicia fueron:  

  • Delitos contra la seguridad pública. 
  • Tenencia de armas de fuego. 
  • Contra el patrimonio económico. 
  • Contra la salud pública. 
  • Contra la vida. 

La Encuesta de Percepción Ciudadana 2022 de CCV, mostró que, en promedio, el 11,5% de los cartageneros tuvo alguna necesidad de justicia, principalmente por temas de servicios públicos, salud y convivencia. De estos, cerca de la mitad, no hicieron nada para resolver su necesidad. Los que sí, acudieron principalmente a la inspección de Policía, Fiscalía o un CAI.  

Los habitantes de la ciudad para 2022, consideraban que las principales barreras para acceder al sistema de justicia estaban asociadas a las demoras, la complejidad de los trámites, no conocían los medios para hacerlo o de plano, no confiaban en las entidades. 

Los retos en materia de justicia se evidencian principalmente en la falta de conocimientos, esta puede estar siendo afectada porque muchos ciudadanos no tienen claridad sobre qué situaciones se pueden tramitar por las entidades del sistema. La calidad de vida y la justicia van de la mano, por lo que es indispensable que haya mayor confianza, pues esto se traduce en instituciones sólidas y efectivas. 

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