Promover la justicia abierta y moderna es uno de los principales desafíos que propone este informe, evocando los principios de transparencia, participación, rendición de cuentas e innovación para el fortalecimiento de la justicia local.

El jueves 24 de junio se realizó el lanzamiento del informe Justicia Cómo Vamos, una iniciativa de la Fundación Bolívar Davivienda, Fundación Corona, Red de Ciudades Cómo Vamos y la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ), que tiene como propósito monitorear y hacer seguimiento al conocimiento, acceso y calidad de la justicia en las ciudades de Colombia para conocer el estado actual del sistema de justicia local y contribuir a una mejor toma de decisiones.

Una de las principales preocupaciones del país es la situación de la justicia, teniendo en cuenta la importancia que representa para el desarrollo sostenible de la sociedad y para la resolución de conflictos, además de su labor esencial de protección integral de los derechos.

Por ello, el acceso a la justicia es uno de los derechos fundamentales para el desarrollo de la ciudadanía, y también se encuentra enmarcado dentro de las principales prioridades de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. Su fortalecimiento debe permitir un acceso equitativo, eficiente, eficaz y oportuno para todos los ciudadanos y ciudadanas.

Es así como nace el proyecto Justicia Cómo Vamos, el cual realiza un diagnóstico sobre el conocimiento, acceso, calidad y percepción general de la ciudadanía respecto al funcionamiento de la justicia en 17 ciudades de Colombia. El estudio busca ser un insumo que permita conocer aspectos críticos para acercar la justicia a los ciudadanos en el marco de un Estado de derecho, y contribuir al fortalecimiento de la planeación, gestión y financiación del sistema de justicia a nivel local.

Las ciudades pertenecientes a la Red Cómo Vamos que hicieron parte de este informe entre los años 2018 y 2019 a través de un análisis combinado entre datos oficiales e indicadores de percepción ciudadana fueron Armenia, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Buenaventura, Cali, Cartagena, Chía, Ibagué, Manizales, Medellín, Montería, Pereira, Piedecuesta, Socorro, Yumbo y Zipaquirá.

Principales resultados

La falta de confianza y la ineficiencia del sistema son una de las principales razones por las cuales las personas no acuden a la justicia para resolver sus conflictos. De acuerdo con la encuesta de percepción ciudadana, el 43% de los encuestados piensa que la gente no acude en todas las ocasiones al sistema de justicia al considerarlo lento, además 3 de cada 10 ciudadanos consideran que la ciudadanía no acude al sistema de justicia debido a que no hay confianza en las entidades.

El desconocimiento de las diferentes entidades que componen el sistema de resolución de conflictos a nivel local influye en el debido acceso a la justicia por parte de los ciudadanos. En promedio, del 42% al 53% de los ciudadanos no conoce los centros de conciliación o los conciliadores en equidad; del 14% al 26% de los encuestados no conoce las comisarías de familia, juzgados, fiscalía o las inspecciones de policía.

La cantidad y calidad de la infraestructura física es uno de los principales retos que enfrentan las entidades de la justicia local, lo cual influye y afecta la calidad del servicio y la percepción de los ciudadanos. En muchas de las ciudades estudiadas se evidenció deficiencias en la infraestructura física para la prestación de los servicios que se manifiestan en espacios reducidos o insuficiente número de puestos de trabajo. El hacinamiento carcelario es el principal obstáculo para la resocialización de los internos que, aunado a la carente prestación de servicios esenciales dentro de los establecimientos carcelarios, configuran un detonante para fenómenos como la reincidencia.

En la mayoría de las ciudades se manifestaron dificultades operativas por la falta de personal de planta, las limitaciones del recurso humano de apoyo asignado y la excesiva rotación del personal. De las 17 ciudades y municipios de la Red Cómo Vamos que fueron examinadas, las comisarías de familia cuentan mínimo con un comisario(a), un trabajador(a) social y un psicólogo(a); en algunas de ellas este personal no es fijo y no presta sus servicios de manera continua durante todo el año, siendo insuficiente para la carga de trabajo existente.

Las entidades de justicia a nivel local son apéndices de las alcaldías, pero reciben poca priorización y recursos financieros para su funcionamiento, aun cuando son parte integral de la estructura administrativa local. En la mayoría de las ciudades analizadas, las comisarías de familia no están incorporadas en el Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI) o en el presupuesto del municipio, careciendo de un rubro que permita un efectivo funcionamiento de estas. Por otro lado, un número reducido de municipios señaló que hubo un presupuesto para las inspecciones de policía, aunque algunos especificaron que fue un presupuesto compartido, destinado también para las casas de justicia y las comisarías de familia.

El sistema de justicia presenta dificultades de articulación, entre las entidades a nivel local y las instituciones de orden nacional, lo cual afecta la prestación de un servicio eficaz y de calidad. Con relación a las comisarías de familia, se evidencia una desarticulación interinstitucional con Policía Nacional, Fiscalía e ICBF, dado que carecen de acceso permanente a la base de datos del Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA), operado por la Fiscalía, lo cual dificulta el trámite de las denuncias.

Se evidencian retos en el uso de recursos tecnológicos que no sólo afecta el acceso a la información de la gestión de las entidades locales, sino que presenta limitaciones para una prestación más eficaz y ágil de la justicia. En las instituciones del sistema de justicia a nivel local, se evidencia la falta de herramientas tecnológicas que les permitan prestar sus servicios con mayor eficiencia, eficacia y calidad. De igual forma, la carencia de recurso humano impide que dichas entidades tengan un contacto más efectivo y permanente con el ciudadano, lo que genera la imposibilidad de ejercer control sobre los procesos que se adelantan en cada una de las instituciones (rendición de cuentas).

Revive la transmisión de #JusticiaCómoVamos aquí